Operación Astapa, Curioso, el nombre que aparece...

3.2.- ESTEPONA - SEVILLA - TRAMA VASCA - MALAYA

Veamos como el entramado es tan poderoso que desde un pequeño pueblo del área metropolitana de Sevilla como es Palomares del Río, se puede reconstruir una red nacional que llega a Estepona, Espartinas, Marbella, las Minas de Río Tinto y el País Vasco. Todo a través del despacho de economistas de Sevilla Severiano López y José Luis Gónzalez-Palomino, S.C.

En la operación Astapa contra la corrupción urbanística desarrollada en Estepona, la principal empresa implicada es Valle Romano.

No en vano, su ex-consejero Luis Fernando Linares ha tenido que pagar 500.000 euros, la fianza más alta de las impuestas por la juez del caso, para recuperar la libertad.

Pero Valle Romano no es sino la denominación comercial de una promoción urbanística que desarrolla la sociedad "Compañía Promotora y del Comercio del Estrecho, S.L."

Esta sociedad se constituye a finales del año 2002 en la Avda. Blas Infante nº 6 de Sevilla.

Dicho domicilio es el mismo que el de la sociedad unipersonal Servicios Agropecuarios Avecilla S.L., constituida en el año 2004 por el concejal de urbanismo de Espartinas Antonio Javier Jiménez Rodríguez en pleno proceso de firmas de convenios urbanísticos a incluir en el nuevo PGOU.

Severiano López Martin administra en solitario la Compañía Promotora y del Comercio del Estrecho, S.L. desde su constitución hasta abril de 2004.

A partir de esa fecha le acompañan en el consejo de administración:

1.- José Manuel Martín Santonja, miembro del despacho "Severiano López y José Luis Gónzalez-Palomino, S.C.".

2.- Antonio Salas Bayon, administrador único de Rumbo 5 Cero S.L. y de Via del Atlantico S.L., presentes en recalificaciones urbanísticas en Palomares del Río (Sector SUZ-PP-08 «El Zorrero») y en una macro operación prevista en Riotinto (1.200 has).

3.- Manuel Salinero González Piñero, letrado de los hermanos Ignacio y Manuel González Sánchez-Dalp, detenidos en la operación Malaya, también abogado del alcalde de Espartinas, Domingo Salado, en el caso Guardiola (trama vasco malaya). En la misma causa, la defensa del concejal de urbanismo (Antonio Javier Jiménez Rodríguez) corrió a cargo de Jerónimo Zamora, socio de Salinero en RZS Abogados (Romero, Zamora, Salinero Abogados SC).

Manuel Salinero intervino además en la defensa del técnico de la Gerencia de Urbanismo, imputado en elCaso Bazar España (derrumbe de un muro que mató a cinco personas el 31 de diciembre de 1998) en el que estaban implicados la Inmobiliaria Osuna y el arquitecto Luis Recuenco.

Recuenco es el arquitecto redactor de numerosos planes urbanísticos en localidades especialmente propensas a la especulación. En Espartinas es, desde hace años, el responsable del planeamiento local.

4.- La Kutxa (Caja de ahorros de San Sebastián) representada por Rafael Salsamendi Iruretagoyenay Juan Manuel Garmendia Goicoechea, presidente del Grupo Inmobiliario Inverlur, investigado en la operación Astapa.

5.- Los socios de Linares & Abogados: José Ignacio Sánchez Baranda, Mª Eugenia Yeregui Kinkel y Luis Fernando Linares Torres (detenido en la operación Astapa y en libertad bajo fianza).

Resulta sorprendente que José Antonio Linares Torres, Director de comunicación de Valle Romano y hermano de Luis Fernando Linares Torres, sea Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía, y que haya desarrollado su actividad profesional, entre otros puestos, en la Jefatura Superior de Policía de Bilbao, en la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid, como Jefe de la Oficina de Prensa, Divulgación y Relaciones Públicas de la Dirección General de Policía, Gobernador Civil de Córdoba y Coordinador en materia de extranjería de Andalucía.

6.- Ramón Miguel Valencia Pastor y Adolfo Ladrón De Guevara Sánchez. Como administradores de Idisa, aparecían junto a las Cajas de Ahorros sevillanas en la mayor operación especulativa de Sevilla, la operación de Tablada. El entonces presidente de Caja San Fernando era Juan Manuel López Benjumea, hermano del arquitecto Miguel López Benjumea detenido en la operación Malaya.

En la operación intervenía un consorcio de grandes compañías inmobiliarias como Osuna, Prasa,Sando, el Grupo de Luis Alarcón de la Oliva, Idisa y Construcciones San José.

Según publicaba El País, El Monte y San Fernando, a través del Consorcio Tablada, propiedad de ambas entidades, firmaron un contrato de gestión con la empresa Idisa por la que ésta cobraría 787 millones de pesetas fijos y unos honorarios variables que podrían llegar a 520 millones. Para lograr esta plusvalía, próxima al 130%, los terrenos debían haber sido recalificados.

El 11 de noviembre de 1997, Ramón Valencia firmó un contrato de gestión con Juan Manuel López Benjumea, presidente de Caja San Fernando y vicepresidente del Consorcio Tablada, empresa propiedad de las dos cajas a partes iguales, que se había hecho con la propiedad de los terrenos inundables y no urbanizables de la antigua dehesa sevillana en subasta pública en 1999. Por este compromiso Idisa entró en el Consorcio con un 5% del capital, sus gestores se comprometían a no realizar operaciones particulares en Tablada, y se garantizaban unos honorarios fijos hasta el año 2011 de 652 millones de pesetas y unos variables hasta un máximo de 520 millones. Además, recibían 135 millones por aportación de negocio y asesoramiento. Todas estas partidas hacen un total de 1.307 millones. Además de estos ingresos, los promotores de Idisa se reservaron un 5% del beneficio bruto que consiguieran superior a los 13.169,8 millones de pesetas fijados como mínimo en el contrato.

La idea de la operación surgió de unos gestores inmobiliarios que, cuando Defensa cerró la base aérea en 1989, empezaron aglutinar a los propietarios con derechos de reversión del suelo, expropiado para crear el aeródromo militar en 1917. Estos gestores constituyeron la empresa Idisa, con un capital de 10 millones de pesetas y dos administradores, Ramón Valencia y Adolfo Ladrón de Guevara.

La primera de las funciones que las cajas encomendaron a Idisa fue la 'recalificación del suelo', aunque en la estipulación quinta se daba por hecho que 'las 320 hectáreas se van a urbanizar y comercializar'. Una de las empresas interesadas en comprar parte del terreno era la Inmobiliaria Osuna, con la que Isidoro Beneroso, presidente de El Monte y del Consorcio, contrajo un compromiso personal que fue validado por el consejo de administración de esta sociedad el 30 de marzo de 1999.

Pero demos un salto más para comprobar cómo las conexiones no son sólo locales o nacionales y que, como la economía, también están globalizadas.


http://ciudadanos-de-espartinas.lacoctelera.net/post/2011/02/24/burbuja-inmobiliaria-o-macroestafa-planetaria-ii